Denuncian red de coacción electoral en gobierno de Samuel García rumbo a elección federal

Al menos diez denuncias han sido entregadas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León por presuntas presiones ejercidas desde el Gobierno estatal, encabezado por Samuel García, para influir en la elección judicial federal programada para el 1 de junio.

De acuerdo con información de El Norte, los denunciantes señalan un esquema de movilización operado desde distintas dependencias estatales. El objetivo consiste en orientar el voto hacia perfiles cercanos al mandatario, mediante acciones que incluyen la recolección de credenciales del INE y la simulación del acto de votar.

El fiscal electoral Gustavo Javier Solís indicó que la mayoría de las denuncias se presentaron de forma anónima, aunque todas describen un patrón común: funcionarios deben entregar su credencial para votar y reunir otras entre sus familiares o compañeros de trabajo, bajo la amenaza de perder su empleo si se niegan.

Los denunciantes también señalaron la organización de simulacros de votación donde se exige tomar fotografías de las boletas marcadas, de las credenciales y de un código QR personalizado, diseñado para verificar la participación individual durante la jornada electoral.

Según El Norte, los involucrados pertenecen a áreas como la Secretaría de Educación y el Instituto de Control Vehicular. A los empleados se les impone una cuota mínima de votos y se les distribuye un “acordeón” con el nombre, número o color que deberán marcar en la boleta.

"Lo que nos han dicho es que nos van a dar el acordeón (para votar): la persona, el color o el número", declaró uno de los trabajadores afectados, quien pidió permanecer en el anonimato.

La elección en cuestión corresponde exclusivamente al ámbito federal, pues el Poder Judicial local renovará sus cargos hasta 2027. Debido a esto, la fiscalía estatal estudia si debe mantener la investigación o remitirla a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), adscrita a la FGR.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado los nombres de los funcionarios señalados. El caso ha encendido alertas por el uso presuntamente indebido de recursos públicos y por prácticas que comprometen la libertad del voto entre los trabajadores del aparato estatal.