Arranca en CDMX la distribución de tarjetas de Hombres Bienestar con 20 mil apoyos

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa Hombres Bienestar 2026 con la entrega de las primeras tarjetas a hombres de entre 60 y 64 años, un sector que aún no accede a la pensión universal federal y que enfrenta condiciones de vulnerabilidad económica y de salud.

Durante el arranque, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la distribución de 20 mil apoyos. La administración capitalina proyecta alcanzar a 154 mil beneficiarios en el transcurso del año. Cada inscrito recibirá 3 mil pesos bimestrales. El programa dispone de un presupuesto de mil 700 millones de pesos, lo que lo sitúa entre los de mayor cobertura en la capital.

El esquema responde a una estrategia de política social orientada a reducir rezagos y cerrar brechas en un grupo que enfrenta dificultades para integrarse al mercado laboral y acceder a servicios de salud en esta etapa de vida.

“Con esta gran política social que tenemos, los impuestos de ustedes se transforman en obras, servicios y apoyo a los que más lo necesitan”, señaló Brugada Molina.

El modelo de operación elimina intermediarios y prioriza la entrega directa de los recursos, con el objetivo de fortalecer la cobertura y mejorar el uso del presupuesto público.

En este contexto, las tarjetas electrónicas se convierten en el eje de la dispersión de los apoyos. Este mecanismo facilita el acceso de los beneficiarios y permite un mayor seguimiento del gasto, al incorporar trazabilidad y reducir costos operativos.

La empresa Toka Internacional se encarga de la dispersión de los recursos. Con más de 20 años de experiencia en medios de pago electrónicos, la firma ha colaborado con gobiernos municipales, estatales y federales. La adjudicación se resolvió a su favor tras presentar las condiciones más competitivas en términos económicos, tecnológicos y de ahorro para las finanzas públicas.

La implementación de este esquema apunta a asegurar la entrega oportuna de los apoyos y a reforzar los criterios de transparencia, fiscalización y eficiencia presupuestaria, en línea con la política de austeridad y disciplina financiera.