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El SAT y el IMSS recibieron la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de iniciar una auditoría a la empresa Decoaro y Supervisión, S.A. de C.V., que presta servicios de limpieza en Palacio Nacional, debido a irregularidades detectadas, como tener a trabajadores sin seguridad social.
La compañía ha recibido durante este año 52 millones de pesos en contratos públicos para realizar labores de limpieza en oficinas de instituciones gubernamentales, entre las que destacan la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), del SAT, Diconsa y el Centro de Investigación en Química Aplicada.
En cuanto al contrato que Presidencia otorgó a Decoaro, firmado en marzo de 2020 con vigencia a diciembre del mismo año, se aceptó la subcontratación de personal, a pesar de que el gobierno federal ha criticado las prácticas que implica el outsourcing.
Aunado a lo anterior, los 31 empleados asignados por la empresa para realizar labores de limpieza en Palacio Nacional y en otros seis inmuebles, recibían un salario diario de 123 pesos.
También existe otro contrato que el SAT otorgó en 2020 por adjudicación directa a la empresa, que en la revisión de fiscalización de la Cuenta Pública de 2020, se encontró que 110 trabajadores no habían sido dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Dicho contrato se realizó por 54 millones de pesos, con una vigencia que inició desde el 24 de enero de 2020, en tanto que la póliza de seguro de Responsabilidad Civil fue expedida hasta el 17 de febrero del mismo año.
Otro señalamiento de la ASF consiste en que el SAT y el IMSS auditen el domicilio de la empresa, un pequeño departamento que se localiza en la calle Azafrán 489, en la alcaldía Iztacalco.
El reporte detalla que no se contó con las firmas de los administradores del contrato del SAT encargados de la verificación y aceptación de los servicios, ni de los servidores públicos encargados de la vigilancia del control diario de las personas que prestaron los servicios, en 13 listas de asistencia de cuatro inmuebles.
Tampoco fue proporcionada evidencia documental que respalde la capacitación impartida a los trabajadores que prestaron sus servicios en un inmueble que cuenta con un laboratorio, lo que implica un incumplimiento de las normas de seguridad.
