Durango: la violencia feminicida y la omisión del Estado

El hallazgo del cuerpo mutilado de Karla Nallely, quien llevaba cuatro días desaparecida tras ser vista por última vez con su pareja en el fraccionamiento Río Dorado, evidencia la crisis de violencia de género en Durango. Su caso se suma a los 14 feminicidios denunciados en 2024 y a las 2,347 denuncias por violencia familiar registradas solo en el primer trimestre del año, según cifras de la Fiscalía General del Estado.

A pesar de que en 2023 el gobierno de Esteban Villegas lanzó el "Programa Integral Contra la Violencia de Género", un análisis del Observatorio Ciudadano de Durango revela que apenas el 12% del presupuesto destinado a esta estrategia se ejerció en 2024. Además, el 30% de los municipios no cuenta con refugios para víctimas, y el Banco Estatal de Datos sobre Violencia permanece sin actualizarse desde hace ocho meses.

Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos denuncian una política de simulación: mientras el gobierno gasta millones en campañas de imagen, el sistema de seguridad y justicia para las mujeres en Durango se mantiene ineficiente.

La tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres ha aumentado un 18% en comparación con el último año de la administración anterior (2021). La tardanza en la apertura de carpetas de investigación es otro indicador alarmante: mientras en 2021 el promedio era de 14 días, en la actual administración se ha elevado a 29.

De las 33 observaciones emitidas por la Alerta de Violencia de Género (AVG), solo una ha sido cumplida y 16 municipios de la entidad se encuentran bajo esta declaratoria. En este contexto, la marcha del 8 de marzo en Durango cobró especial relevancia, con manifestantes exigiendo justicia por casos como los de Eva Liliana Montelongo Hernández e Ixchel Yadira Leyva Fernández.

El 25 de julio de 2024, el gobernador Villegas declaraba en medios de comunicación: "Que no se les ocurra tocar a una mujer". Ocho meses después, la realidad lo contradice: 5 mil denuncias por violencia familiar, 12 feminicidios y un extrañamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), ya que el 82% de sus resoluciones no han sido implementadas.

La capital del estado es el epicentro de esta crisis. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 61% de los casos de violencia de género y familiar ocurren en este municipio, donde el Instituto Municipal de la Mujer minimiza el problema al considerarlo un delito común. Tan común que, en 2024, se convirtió en el delito más denunciado en la historia de la ciudad, con un agravante: en el 50% de los casos se reporta la presencia de adicciones, un problema que ni el alcalde Toño Ochoa ni el gobernador Villegas han atendido de manera efectiva.

El problema va más allá de las cifras oficiales. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, el 98% de los delitos sexuales no se denuncian, lo que sitúa a Durango entre las entidades con mayor cifra negra en este rubro. Julieta Hernández Camargo, activista y fundadora de la asociación civil "Sí hay mujeres en Durango", confirma que el acceso a la justicia para las mujeres en la entidad es prácticamente inexistente.

Esta crisis ha llamado la atención de organismos internacionales. En su visita a Durango en 2024, la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer fue contundente: "Durango presenta patrones alarmantes de impunidad estructural". Un diagnóstico que coincide con el informe de Amnistía Internacional, que coloca al estado entre los cinco con peor acceso a la justicia para mujeres en el país.

Frente a la inacción de las autoridades, colectivos como "Ni Una Más Durango" presentaron en febrero un plan con 32 acciones concretas, incluyendo la creación de juzgados especializados en violencia de género, mecanismos de protección para defensoras y un sistema unificado de seguimiento a órdenes de restricción. Sin embargo, a corto plazo, no se vislumbran cambios en la estrategia gubernamental para combatir los feminicidios ni en el estado ni en la capital.