Fany Lorena Jiménez propone un tribunal cercano y sin corrupción

La magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, Fany Lorena Jiménez Aguirre, participa en el proceso electoral extraordinario que definirá la integración del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial. Su nombre aparecerá en la boleta turquesa con el número 8, en una elección programada para el próximo 1 de junio.

Desde el arranque de su campaña, Jiménez Aguirre ha planteado un proyecto orientado al acceso ciudadano, la transparencia institucional y la recuperación de la confianza pública. Su propuesta incluye la publicación de sentencias con apego a la protección de datos personales y el uso de tecnologías para acercar el trabajo del tribunal a la población.

Entre sus ejes destaca el compromiso con una justicia gratuita, pronta, accesible y sin barreras. También propone abrir el tribunal a la ciudadanía y establecer canales claros para la denuncia de irregularidades.

En temas de integridad pública, exige un comportamiento ético por parte de quienes integren el órgano judicial. Sostiene que las y los magistrados deben actuar con integridad y firmeza, así como sancionar actos ilegales y conductas contrarias a la justicia.

Su plan de trabajo incluye medidas específicas contra la corrupción: diseño de estrategias de prevención, protocolos para eliminar prácticas indebidas, capacitación en igualdad de derechos y vigilancia en el uso legal del presupuesto. A ello suma la creación de una vía accesible para reportar abusos o fallas internas.

Jiménez Aguirre reúne una trayectoria que combina experiencia judicial, formación académica y participación gremial. Cuenta con dos maestrías, una certificación internacional ISO 37001 en sistemas antisoborno y ha trabajado como jueza, litigante y profesora en instituciones como la UNAM y el ITESO. Actualmente, preside la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados (AMTRIJA).

El Tribunal de Disciplina Judicial vigilará la actuación de jueces y magistrados en Jalisco. La elección del 1 de junio marcará el inicio de una etapa clave para la rendición de cuentas en el poder judicial estatal.