Juez es acusado de proteger a asesinos de empresario tijuanense

El juez José Guadalupe Sigala Andrade ordenó la liberación de dos mujeres implicadas en el asesinato del empresario Jonathan Palma, ocurrido el 12 de septiembre, por lo que el crimen podría quedar impune tras la imputación de Raúl Palma Cervantes por homicidio simple, a pesar de que ya había una confesión y se demostraron las pruebas para que fuera imputado por homicidio doloso con premeditación, alevosía y traición.

En el proceso el magistrado ignoró las pruebas físicas existentes (necropsia, dictámenes etc.) donde se evidencia que el empresario fue muerto por estrangulamiento, y sólo tomó en cuenta las declaraciones de los implicados, incluso cuando están llenas de contradicciones.

El homicidio se realizó en un domicilio del fraccionamiento Lomas de Agua Caliente en Tijuana, Baja California, el 12 de septiembre pasado, en una reunión donde asistieron Jonathan Antonio Palma Acosta, Gisela Aideé Cervantes Castro, novia de Jonathan; Raúl Omar Cervantes, hermano de Gisela; y Edith Márquez, concuña de Jonathan.

La reunión terminó con el asesinato del empresario, quien fue estrangulado con una cadena de perro y presentaba múltiples golpes en todo el cuerpo, según la primera versión de los implicados, el empresario se habría suicidado y ellos habrían intentado salvarlo, pero no pudieron; sin embargo, la versión cambió radicalmente cuando las mujeres afirmaron que Raúl Omar Cervantes lo asesinó bajo la excusa de que el occiso intentara abusar sexualmente de Edith.

Según esta nueva narrativa, fue Gisela Aidée quien los descubrió y dio aviso a Raúl, pero los acusados presentaban lesiones y marcas en las manos, que coincidían con la fuerza aplicada a la correa para cometer el crimen. También se ubicó una televisión que quedó apostillada, por lo que se presume también la usaron para golpear a Palma Acosta.

Los familiares del abogado fiscalista aseveran que el crimen fue una venganza orquestada por la novia de Jonathan, pues señalan que la relación estaba plagada de celos y control por parte de ella ante la vida de negocios que llevaba su novio, más por la saña con la que fue cometido el asesinato.

“El cuerpo de mi hermano tenía golpes con puños; su espalda estaba saturada de hematomas, la cabeza destrozada, igual que sus genitales. Su cara se veía despedazada y en todo su cuerpo eran visibles los golpes propinados con la cadena que servía para sujetar al perro de la casa”, reveló su hermano Marco Antonio Palma al periodista Ricardo Ravelo.

En las indagaciones se determinó que debían complementarse las evidencias halladas, pues no hubo pruebas de líquido seminal en las ropas de Jonathan ni en las de Edith que sustentaran el intento de abuso sexual, por su parte la necropsia fue contundente en la causa de la muerte, que se debió a un traumatismo craneoencefálico con maniobras de estrangulamiento.

Cabe destacar que uno de los vecinos llamado Guillermo Canet, se presentó al domicilio para verificar los hechos tras una llamada que alertó a familiares de Jonathan, y constató que la ropa con la que vestía Gisela estaba llena de sangre, y encontró al empresario en la recámara con una cadena enrollada en el cuerpo.

En la primera audiencia realizada el 14 de septiembre, el juez calificó de legal la detención de las tres personas por el delito de homicidio doloso con premeditación, alevosía y traición, pero concedió 144 horas para presentar pruebas a solicitud de la defensa. Cinco días después avaló los testimonios de los acusados, quienes velaban pro su “buen comportamiento”, dicho cambio repentino en el proceso generó extrañeza, impulsada por una llamada que el juez recibió.

Con sólo el dicho de Raúl Omar, asesino confeso, sobre que ambas mujeres no participaron en el homicidio el juez Sigala Andrade ordenó su liberación. En dicha audiencia el juez se desapareció por 40 minutos bajo pretexto “de ir al baño”, y a su regresó modificó el homicidio a "doloso simple".

Ante estas irregularidades, la Fiscalía General del Estado informó que apelará la decisión del juez por la evidente contradicción en los argumentos; mientras tanto, los familiares de Jonathan Palma temen que el caso quede en completa impunidad.