Juez federal ordena reinstalar a Gerardo Vargas Landeros como alcalde de Ahome y anula su destitución

Un juez federal determinó que Gerardo Vargas Landeros debe regresar de inmediato a la presidencia municipal de Ahome, luego de encontrar irregularidades en el proceso que motivó su destitución. La resolución, emitida el miércoles 30 de julio, establece que el alcalde recupere sus funciones en un plazo máximo de 48 horas, con todos los derechos y facultades que le corresponden.

Esta decisión surge tras el juicio de amparo interpuesto por Vargas Landeros contra el Congreso de Sinaloa, que en mayo aprobó una declaratoria de procedencia impulsada por la Fiscalía Anticorrupción estatal. Dicha declaratoria provocó el desafuero y la destitución del entonces presidente municipal, además de declarar vacante el cargo.

El juez señaló que las autoridades responsables actuaron sin respetar el debido proceso, violando principios constitucionales. Además, ordenó garantizar la voluntad ciudadana expresada en las urnas al elegir a Vargas Landeros para el periodo 2024-2027.

Después de la separación de Vargas Landeros, tres personas distintas asumieron la alcaldía provisional en menos de dos días, lo que provocó un clima de incertidumbre política y jurídica en Ahome. El Cabildo nombró a la regidora Rosa Margarita Velázquez, pero el Congreso local desconoció esa designación y colocó en el cargo a Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.

Menéndez, cercano al gobernador Rubén Rocha Moya, recibió señalamientos de regidores por ejercer presión política e incluso amenazar con destituciones a quienes no apoyaran su administración.

Este caso se suma a otros similares en Sinaloa, donde los alcaldes de Culiacán y Mazatlán, Jesús Estrada Ferreiro y Guillermo Benítez, respectivamente, fueron removidos en 2022 y 2023 bajo acusaciones parecidas de corrupción, en procesos ligados al Ejecutivo estatal.

El juez recordó que, mientras no exista una sentencia definitiva, debe respetarse el derecho de Vargas Landeros a ocupar el cargo para el que fue elegido.

El fallo subraya la obligación de las autoridades locales de acatar la Constitución, respetar la soberanía municipal y mantener los principios democráticos que sustentan la elección popular.