Paquete Económico 2027 apuesta por una mayor recaudación sin subir impuestos

La iniciativa busca avanzar hacia una mayor justicia tributaria sin incrementar la carga fiscal corporativa del ISR.
De las 524 mil empresas del régimen general que declararon ingresos durante 2025, 60.7 por ciento no realizó pagos por ISR.
Asimismo, en 223 mil casos las deducciones reportadas fueron equivalentes o superiores a los ingresos obtenidos.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar dio a conocer dos propuestas legislativas enfocadas en reforzar las herramientas del Estado para combatir la evasión fiscal, las operaciones simuladas y los mecanismos de corrupción que impactan la recaudación y debilitan los recursos públicos.
La primera iniciativa propone reformas al Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley General de Sociedades Mercantiles para prevenir, detectar y sancionar el uso de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, simuladas o falsas. La propuesta fortalece los controles desde la constitución de las empresas, establece mayores mecanismos de verificación para proveedores del sector público y plantea responsabilidades para servidores públicos, dirigentes sindicales y otros participantes cuando intervengan en este tipo de operaciones. Asimismo, fortalece las obligaciones de transparencia y comprobación de los sindicatos sobre sus ingresos, cuotas, aportaciones, donativos y erogaciones.
La propuesta también incorpora otros candados para evitar prácticas que erosionan la base tributaria. Las pérdidas fiscales acumuladas sólo podrán disminuir hasta 50 por ciento de la utilidad de cada ejercicio, aunque se amplía de 10 a 20 años el periodo para aprovecharlas. Asimismo, el límite para deducir intereses netos baja de 30 a 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada y desaparece el régimen opcional para grupos de sociedades que permitía diferir parte del ISR.
La segunda iniciativa está dirigida al combate al robo de hidrocarburos y al huachicol fiscal. Para ello, plantea fortalecer los controles volumétricos, mejorar el intercambio de información entre las autoridades fiscales y regulatorias, sancionar las discrepancias volumétricas no justificadas y combatir la comercialización de combustibles en lugares no autorizados. También propone fortalecer las medidas de aseguramiento y extinción de dominio sobre bienes vinculados con estas actividades ilícitas.
Ramírez Cuéllar señaló que ambas propuestas responden a una misma prioridad, cerrar espacios a la corrupción y evitar que la evasión fiscal, la simulación de operaciones y el comercio ilícito generen ventajas indebidas frente a quienes cumplen con la ley.
“Se trata de cuidar los recursos públicos, combatir la simulación y fortalecer la capacidad del Estado para actuar con mayor oportunidad y eficacia”, afirmó.
Entre los principales beneficios se encuentran una mayor protección del erario, mejores controles sobre el ejercicio de los recursos públicos, mayor trazabilidad de las operaciones y una fiscalización más efectiva. Las reformas también buscan fortalecer la recaudación, reducir la competencia desleal y generar condiciones más equitativas para empresas, trabajadores y contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.
El legislador destacó que estas medidas permitirán avanzar hacia un sistema fiscal más transparente y con mayores capacidades para prevenir el daño antes de que ocurra, fortaleciendo las instituciones y la confianza en el uso de los recursos públicos.
“La lucha contra la corrupción también significa impedir que el dinero público se pierda por facturas falsas, operaciones simuladas o actividades ilícitas. Fortalecer las finanzas públicas es fortalecer la capacidad del Estado para generar bienestar”, concluyó.


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