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Al menos tres de las empresas que presentaron propuestas en el concurso de adquisición de servicio de limpieza en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), estarían relacionadas al empresario conocido como “cártel de la limpieza”, José Juan Reyes Domínguez, a quien jugadores del sector acusan de crear razones sociales para simular competencia.
“El esquema que observamos desde hace ya varios años es peligroso, sobre todo porque José Juan Reyes Domínguez se encontraría detrás de una serie de razones sociales que han sido denunciadas por escalonar precios en adquisiciones públicas y por caer en incumplimientos fiscales y laborales”, precisaron.
De acuerdo con fuentes que solicitaron el anonimato, luego de la presentación de este miércoles 22 de febrero como parte del proceso IA-11-B00-011B000001-N-90-2023, al menos cuatro proposiciones quedaron listadas, de las cuales Joad Limpieza y Servicios, Grupo Puliza Servicios Empresariales en participación conjunta con Comercializadora Morelos y Servicio Nanolimpieza, así como Tecnolimpieza Delta son relacionadas con el llamado “rey de la limpieza”; mientras que Industria de la Construcción y Proyecto Vial es de origen tabasqueño.
“Es muy sospechosos que Industria de la Construcción y Proyecto Vial haya sido creada años atrás en Tabasco, pero que no apareciera en las contrataciones de limpieza hasta el sexenio actual; sumado a que Tecnolimpieza Delta, Joad Limpieza y Servicios, Grupo Puliza, Comercializadora Morelos y Servicio Nanolimpieza serían parte del entramado dirigido por Reyes Domínguez, además que las dos primeras fueron mencionadas por presentar posibles sobrecostos en el AICM, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió fueran investigados”, dijeron.
Para la adquisición del contrato, calculado en 350 millones de pesos, Tecnolimpieza Delta únicamente concursa por la partida 2 con 9 mil 700 pesos como costo unitario por elemento mensual; Industria de la Construcción y Proyecto Vial puso sobre la mesa montos por 10 mil 400 pesos de la partida 1 a la 17, además de cifras que oscilan entre 8 mil 900 pesos y 14 mil pesos de la partida 17 a la 40.
Por su parte Joad Limpieza y Servicios, así como del consorcio encabezado por Grupo Puliza, van detrás de las 40 partidas presupuestales, aunque en el caso de la primera con precios que van de los 10 mil 800 pesos a los 16 mil pesos, aproximadamente; y de la segunda con montos entre 10 mil 700 pesos y 12 mil 600 pesos.
“La invitación restringida que se desarrolla actualmente en el poli deja ver claramente la forma de operar del llamado ‘cártel de la limpieza’, y es que tienen solo pequeñas diferencias entre el costo de una compañía y la otra. Hay que poner especial atención al secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo, a quien desde el año pasado observamos como aliado de Joad Limpieza y Servicios, que terminó como proveedora”, aseguraron.
De igual manera, acusaron que la adquisición IA-11-B00-011B000001-N-90-202 no contó con Junta de Aclaraciones, por lo que diversas empresas del sector enviaron cuestionamientos de forma independiente.
Entre los cuestionamientos que se realizaron, las empresas pidieron que se explicara si los trámites para que la Oficialía Mayor autorizara que el procedimiento no se apegue al Contrato Marco, que elaboraron y vigilan la Secretaría de la Función Pública, además de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, se solicitaron los fundamentos legales para la adhesión de requisitos que limitarían la libre competencia, y la eliminación de otros como el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE), padrón que regula a las subcontratistas y en el que ya no se encuentran Servicios Inmobiliarios Iroa, Cleanium ni Limpieza Jored, que también estarían vinculadas al “rey de la limpieza”.
“Nos preocupa que se violente la ley, somos un sector que ha luchado por su profesionalismo y credibilidad, pero vemos que persisten en actividades participantes desleales. Ahora, por ejemplo, nos llama la atención que solo haya cuatro proposiciones, cuando en el Contrato Marco existen más de 100 listadas como posibles proveedoras, por lo que consideramos que la casi nula convocatoria pudo ser resultado de los requisitos excesivos y que se recurrió a un proceso por invitación restringida”, relataron.
El fallo para el concurso se programó para este viernes 24 de febrero, aunque se recortaron las horas para revisar las cuatro propuestas que suman 28 mil folios.
