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Un juez vinculó a proceso a Rosario Robles, investigada por el uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de la Sedatu y la Sedesol; además ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla para que se concluya la investigación complementaria.
Tras una audiencia maratónica de más de 12 horas, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el pasado sexenio.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Robles como responsable por omisión del desvío de más de cinco mil 73 millones de pesos en contra del erario cuando estuvo al frente en la secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Desarrollo Social.
El impartidor de justicia le dio un plazo de dos meses a la FGR para la conclusión de la investigación complementaria y, en caso de necesitar más tiempo, podrá solicitarlo.
El juez consideró la medida de prisión preventiva ante el riesgo de fuga Robles, pues expuso que la funcionaria pública cuenta con los recursos económicos suficientes para poder escapar de la justicia, salir del país y evitar próximos citatorios. Asimismo, subrayó que Robles no vive en el domicilio que reportó en Coyoacán.
Durante la audiencia, la defensa de Rosario Robles apuntó que su cliente sí informó sobre las irregularidades encontradas en las dependencias por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al entonces presidente Enrique Peña Nieto, así como a José Antonio Meade, quien la sustituyó en la Secretaría de Desarrollo.
La exfuncionaria arribó el lunes a las cinco de la tarde al Reclusorio Sur, en donde dijo a medios: “Como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas. Tomando el toro por los cuernos y dando la cara”.
Hace dos años Animal Político documentó en una investigación llamada “La Estafa Maestra” un esquema de desvíos mediante el cual 11 dependencias del gobierno federal que hicieron convenios con 8 universidades públicas para realizar supuestos servicios a través de empresas fantasma, por medio de las cuales se habrían desviado al menos 5 mil millones de pesos del erario público.
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