Cuestionamientos entre abogados y operadores del sistema de justicia de Baja California han surgido por una serie de suspensiones concedidas por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito, con sede en Tijuana y encabezado por la jueza Cristina Martínez Aguilar. Las resoluciones han tenido efectos sobre medidas de prisión preventiva dentro de procesos relacionados con homicidio calificado y secuestro. Uno de los casos incluso fue expuesto públicamente ante la presidenta Claudia She